Un Sistema Estatal Anticorrupción ciudadano

En Coparmex a nivel estatal estamos impulsando la creación de un Sistema Estatal Anticorrupción ciudadano y por ello, nos hemos dado a la tarea de contactar a nuestros Diputados para solicitarles apoyen esta iniciativa y no dejen fuera puntos que consideramos vitales para el buen funcionamiento del mismo.

Entre los puntos que proponemos es que la Fiscalía Anticorrupción tenga autonomía técnica y presupuestaria, y que su presupuesto se base en indicadores y cumplimiento de metas. Además, proponemos que el nombramiento del Fiscal General y los titulares de los órganos de control interno de las entidades autónomas en el Estado, sean efectuados por el Consejo de Participación Ciudadana y no sean propuestos directamente por el Gobernador.

Así mismo, proponemos que en el Sistema Estatal Anticorrupción existan tres miembros ciudadanos y un fiscal nombrado por la ciudadanía, esto con el fin de ciudadanizar el sistema y que exista un verdadero equilibrio en el consenso de la toma de decisiones, de lo contrario, un solo ciudadano aun siendo el Presidente, no hará la diferencia en una votación donde la mayoría de titulares es nombrado por el propio Gobernador o con influencia de titulares nombrado por acuerdo de fuerzas políticas por el Congreso.

También estamos proponiendo que cualquier resolución emitida por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción que implique la sanción a un funcionario por actos de este tipo, sea vinculatoria; es decir, que tenga el carácter de obligatoria.

El Gobernador no propone un Comité de Participación Ciudadana, siendo importante para un verdadero combate a la corrupción, ya que tendríamos ciudadanos con voz y voto para juzgar a los corruptos. Nosotros proponemos que sean nueve ciudadanos, bajo el mayor escrutinio, transparencia y máxima publicidad en su selección, para que éstos elijan al Fiscal Anticorrupción, titulares de los órganos internos de los entes autónomos y elijan a los tres miembros ciudadanos que serán parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, como observadores del nombramiento del nuevo magistrado del Tribunal Administrativo.

Otro punto importante es que la iniciativa ciudadana propone que en todos los casos, los actos de corrupción graves o no graves, prescriban hasta los 10 años; además, de que el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa sea nombrado por el congreso mediante diversos mecanismos de selección bajo la premisa de elegir al mejor candidato, y vía examen de oposición, como el máximo escrutinio y transparencia mediante sesión pública, teniendo como observadores y derecho de opinión, a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA.

La iniciativa propone que cualquier cuenta pública, aunque esté validada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, podrá ser abierta de nueva cuenta para su revisión cuando se presuma o se detecte algún acto de corrupción, prescribiendo esta facultad hasta los diez años de su aprobación.

La iniciativa ciudadana propone la obligación al sector público y de todos los funcionarios, de la implementación de certificaciones, cursos y diplomados en materia de combate a la corrupción.

Como un último punto pero no menos importante, ambas iniciativas proponen se establezca la obligación de la declaración patrimonial y de intereses.

¡Este es el momento! Necesitamos que nuestros Diputados aprueben la iniciativa ciudadana, es momento de que seamos nosotros quienes digamos quién y cómo deben ser castigados todos los corruptos.

Confiamos en que así será.