Incertidumbre sobre las Finanzas Publicas en el Estado

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo miles de estudiantes se han quedado sin clases, debido a la falta de pago a maestros jubilados y pensionados.

De igual manera, durante la semana pasada nos enteramos que la Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo del Estado, propone un incremento al impuesto sobre la nómina del 101% en la sobretasa del gravamen referido.

Por si esto no fuera suficiente, también se anunció un incremento en el servicio del agua.

El servicio doméstico aumentaría 15.59% y el Comercial, Industrial y Gubernamental un 17.15%.

Por eso hoy, Señor Gobernador, con absoluto respeto a su investidura, le manifestamos nuestra profunda preocupación respecto a la situación que guardan las finanzas públicas del Estado.

Nos referimos a los próximos cuatro puntos:

  • Déficits financieros que durante toda su gestión han alcanzado niveles francamente preocupantes.
  • Incremento sostenido de la deuda pública y de la deuda de corto plazo.
  • Ausencia de planeación financiera, que se ha traducido en falta de pago a maestros, jubilados, poder judicial, organismos autónomos, Colegio de Bachilleres y UABC, entre otras entidades dependientes presupuestalmente del Estado.
  • El Secretario de Planeación y Finanzas de Baja California ha manifestado en varias ocasiones, que se ha tenido que recurrir a préstamos con la banca comercial para hacerle frente a los compromisos de la nómina de los empleados dependientes del estado.

La marcha del Estado continuará una vez que concluya su administración en el 2019 y por eso nos preocupa que se insista en dejar más compromisos que difícilmente podrán ser cubiertos.

Por ello, creemos imperativo cancelar proyectos que tendrán fuertes consecuencias sobre la deteriorada salud financiera de Baja California.

  • El C5, que generará una deuda de $800 millones de pesos con serias dudas de los beneficios del proyecto y las condiciones de contratación.
  • La Desaladora Rosarito, proyecto que excede con mucho las necesidades de la región y, como consecuencia, cancelaría todas las futuras inversiones en infraestructura en el Estado.

Desde luego que reconocemos la necesidad de suministro de agua en todo el Estado, pero este es un proyecto que no tiene viabilidad financiera y, además,  sería pagado con incrementos tarifarios y el uso del Impuesto a la Nomina Estatal.

  • El Segundo Piso en Tijuana, con la actual situación financiera del Estado, es por decir lo menos, una imprudencia llevar a cabo este proyecto que requerirá un fuerte subsidio de las finanzas estatales.

No obstante la crisis financiera por la que atraviesa el Estado, y fuera de toda lógica, pretender pagar estos proyectos con un fuerte aumento de impuestos locales nos parece fuera de lugar.

Procurar resolver problemas de liquidez a través del aumento en impuestos es una salida fácil y se corre el riesgo de inhibir nuevas inversiones en Baja California.

La salud financiera debe ser a través del control de Gasto, esfuerzo que no se ha visto reflejado durante la presente administración estatal.

La situación del Estado es crítica, no solo lo decimos nosotros, es la opinión de las calificadoras sobre el desempeño financiero de Baja California

La agencia Moody´s bajó las calificaciones de Baja California de Ba3/A3.mx a B1/Baa2.mx. Por su parte, Fitch Ratings bajó la calificación del estado a A(mex) desde A+(mex) y mantiene la Perspectiva crediticia Negativa.

Es indignante que mientras nuestro gobierno se recarga aún más en los contribuyentes de nuestra región para tener más ingresos, los funcionarios no se esfuercen ni un poquito para impulsar planes de austeridad.

Nos preocupa que los ciudadanos paguemos por las omisiones o prácticas irresponsables y que el gobierno estatal vea esto como única solución ante el endeudamiento y la incapacidad para cubrir sueldos y otros compromisos.

Estamos convencidos que antes de proponer los incrementos en la tributación, esta administración debe explicar con claridad sus estrategias para enfrentar esta situación y, además, cómo asumirá sus responsabilidades financieras para el próximo año.

En lugar de ajustar a la alza los gravámenes ya existentes, es necesario cuidar el gasto corriente para estabilizar las finanzas públicas y con ello, brindar certidumbre a la inversión de nuestro Estado y acrecentar la competitividad de las estructuras productivas de nuestra región.

Es ineludible que el Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de revisar nuevamente sus proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del próximo año para, posteriormente, plantear los mecanismos que aseguren la eficiencia y transparencia del uso de los recursos públicos.

No queremos que el aumento de impuestos siga siendo la salida fácil para cubrir las ineficiencias de quienes conducen la administración pública en Baja California.

Esperamos que más allá de tocar la puerta de los funcionarios federales, se comience a crear un plan de austeridad para el próximo año.

Además, le proponemos la formación de un Consejo Consultivo Financiero de Emergencia, el Gobierno y el Sector Productivo, trabajemos juntos en encontrar una salida a esta gravísima situación financiera, donde lo primero que debemos hacer es analizar, con objetividad y transparencia, la capacidad del Estado.

No podemos seguir comprometiendo más  las débiles finanzas públicas de Baja California.