Nuevas penas contra delitos fiscales convierten a la actividad empresarial en riesgosa

Las empresas formales, que generan empleos y pagan impuestos, enfrentan una grave amenaza a consecuencia de los cambios legales aprobados por el Senado al Código Penal, Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que cataloga los delitos fiscales como delincuencia organizada.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coincide con diversos organismos de la sociedad y expertos fiscalistas que consideran un exceso equiparar a la defraudación fiscal y equiparada como crimen organizado al nivel de narcotráfico, trata de personas y terrorismo en general.

Ya de por sí los buenos contribuyentes, particularmente los profesionales, emprendedores y dueños de empresas que cumplen oportunamente con el pago de sus impuestos, están sufriendo el  impacto negativo de la eliminación de la compensación universal, debido que está restringiendo los flujos de efectivo y frenando las inversiones y reinversiones por la lentitud de la devolución de saldos a favor.

Ahora, los contribuyentes enfrentarán leyes que consideran como delitos y conducta dolosa que amerite Prisión Preventiva Oficiosa un simple error o datos erróneos asentados en las declaraciones de impuestos. Ello coloca a quienes pagan impuestos en una situación de incertidumbre jurídica.

Coparmex está a favor del combate efectivo a la venta de facturas falsas y operaciones simuladas con “empresas fantasma”, incluso en reuniones con autoridades y legisladores ha expresado su acuerdo en que el artículo 113 BIS considere esas actividades como delincuencia organizada y ha expresado su acuerdo en que se aumenten las penas.

Sin embargo, el sector patronal rechaza que se faculte a la autoridad a equiparar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada, debido a que se corre el riesgo de que paguen justos por pecadores, debido a que prácticamente cualquier contribuyente puede resultar afectado. No es justificable que con la idea de sancionar una práctica que unos pocos delincuentes realizan, se deje en un estado de incertidumbre jurídica a contribuyentes cumplidos.

Esta situación incentiva la informalidad, debido a que muchas empresas están llegando a una situación límite que hace muy difícil cumplir con sus obligaciones fiscales y costos de operación.

La Coparmex reitera su llamado al diálogo a los legisladores, instituciones académicas y asociaciones civiles expertas en temas fiscales, así como a autoridades del Servicio de Administración Tributaria para buscar mecanismos que permitan el combate efectivo a la venta de facturas falsas o las llamadas “empresas fantasma”, pero sin afectar a los contribuyentes cumplidos, honestos y de buena fe.