La demanda de amparo por afectaciones de la CNTE

Durante los últimos tres meses, hemos sido testigos cómo en Estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, han realizado bloqueos y tomas impunes, afectando a diversos sectores industriales que han sufrido pérdidas incuantificables, en especial el siderúrgico, que podría verse obligado a realizar un paro técnico ante la carencia de insumos para su producción.

Nosotros en Coparmex estamos sumamente preocupados por esta situación, ya que nos parece que nunca antes habían sucedido eventos tan graves como los que hemos presenciado a lo largo de estos 88 largos días, en donde ha habido una creciente afectación a la vida cotidiana de las personas, a la normalidad de su convivencia y desde luego, a la actividad económica.

Es por eso que durante estos días que parecieran no tener fin, Coparmex a nivel nacional decidió dentro de la legalidad y utilizando los mecanismos que nuestro propio sistema jurídico establece, recurrir a una demanda de amparo ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Esta acción se realizó no sólo en defensa de los empresarios, sino también en defensa de los derechos colectivos que han sido vulnerados por los actos arbitrarios de la Coordinadora y que desafortunadamente, no han sido contenidos de manera eficiente y oportunidad por parte de las autoridades.

Nuestras autoridades deben recordar que “gobernar” no es sólo administrar, es ante todo preservar el Estado de Derecho, la paz y la legalidad. Aquí lo que nos parece es que a medida de que pasan los días y que los actos arbitrarios que son claramente violatorios de la ley, se repiten, estos no tienen un castigo ejemplar en la medida que la negociación no viene acompañada de la cesación de estos actos arbitrarios por parte de la Coordinadora.

Nosotros quisiéramos ver a una autoridad decidida, respetando desde luego los derechos humanos pero con la clara visión de que gobernar implica tomar decisiones, y que en este caso, ya llegó el momento de actuar.

Nuestro presidente nacional, Gustavo De Hoyos Walther, ha visitado los Estado afectados durante estos últimos días, recorriendo y entrevistando a los empresarios de estos lugares y han encontrado una desesperación que van tomando rasgos de hartazgo y sobre todo, porque se suma a esta indignación la pasividad de las autoridades.

El llamado es claro: Celebramos los avances en la negociación con la Secretaría de Gobernación, pero quisiéramos que fueran más y que se dieran más rápido. No queremos que se tolere un paro más; no queremos que se permita la interrupción de las operaciones en puertos y aeropuertos, no queremos que se le prohíban a nuestros niños el derecho a la educación. En resumen, queremos que haya una plena vigencia del Estado de Derecho.

Afortunadamente el pasado viernes, un juez federal admitió la demanda de amparo que tramitamos, fijando el próximo 20 de septiembre como la fecha para celebrar una audiencia constitucional. Además con esta resolución, también se le solicitó a las autoridades responsables, entre ellas el presidente de la República, un informe sobre este tema.

Los 65 Centros Empresariales del país, estaremos atentos para darle seguimiento a este tema y apoyar en la búsqueda de mejores condiciones para todas las empresas de México.