“Impunidad absoluta” propicia homicidios
La presencia de un “Estado fallido”, altos niveles de impunidad y la ausencia de un esquema de responsabilidades de servidores públicos han impedido que se detenga a las “milicias privadas” del crimen organizado.
Así lo afirmó José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, durante su participación como conferencista en el desayuno de la Confederación Nacional de la República Mexicana (COPARMEX).
“No podemos permitir que se incendie Tijuana y se convierta en la más violenta del mundo en homicidios dolosos”, dijo, y detalló que actualmente hay una tasa de 106 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
La ciudad que de acuerdo a cifras oficiales cuenta con una población aproximada de un millón 600 mil habitantes ronda los mil 600 muertos, lo que equivale a uno de cada mil habitantes.
Si la cifra se sostiene, Ortega señaló que Tijuana estaría compitiendo con Acapulco por el segundo lugar entre las ciudades más violentas del mundo, sólo por debajo de Caracas, capital de Venezuela, país que enfrenta una crisis política.
Sobre la impunidad, el conferencista estableció que en México hay un índice de resolución de 6.85 homicidios de cada 40. En Baja California hay una sentencia condenatoria por cada centenar de homicidios de acuerdo al especialista, lo que para él representa impunidad absoluta.
En cuanto a la ausencia de responsabilidades de los gobernantes, Ortega sentenció:
“No hemos sabido castigar con nuestro voto a nuestros gobernantes”.
Se sumó a la necesidad expresada por ciudadanos de encarcelar de forma preventiva a los portadores de armas.
Para evitar que los índices sigan creciendo, Ortega agregó que “la sociedad debe presionar por todos los medios legales a la clase política” y generarle responsabilidades en cuanto a sus obligaciones en la función pública.
Para el especialista, que los asesinatos en Tijuana se hayan duplicado entre 2016 y 2017 genera la urgencia de que el gobernador Francisco Vega y el alcalde Juan Gastélum “se comprometan” con su obligación de brindar seguridad.
Que la tasa de castigo a los crímenes sea baja genera falta de confianza entre los ciudadanos y víctimas.
“Tenemos que presionar para que el gobernador se comprometa, para que el gobernador asuma esta agenda como suya” y estableza metas específicas para bajar el crimen que azota a la sociedad.
Es necesaria una estrategia “para abatir la impunidad”, sentenció Ortega, además de combatir a los sicarios y milicias del crimen organizado.
Cuando se le cuestionó sobre la impunidad, Ortega expresó:
“Es falta de voluntad política, es falta de querer resolver el asunto, el compromiso tiene que venir desde el gobernador. No es la prioridad del gobernador”.
Si bien está a favor de resolver el esquema de prisión preventiva, el abogado consideró que en últimos tiempos se ha tratado de una excusa de las autoridades, ya que el advenimiento de la violencia es anterior al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
Fuente: AFN