No fue diálogo, fue imposición dice presidente de Coparmex
El presidente de COPARMEX Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, desmintió al Secretario de Hacienda del Estado, Marco Antonio Moreno Mexía, quien afirmó el pasado miércoles 26 de octubre que se había reunido con los integrantes de los Consejos Coordinadores Empresariales, y que “habían entendido las razones y la situación” del aumento de tarifa de agua e impuesto sobre la nómina.
Rosas manifestó que en dicha reunión no se dio un diálogo sino una “imposición”. Dijo que acudió a esa reunión el día martes 25 de octubre -día que se realizó la votación en el Congreso sobre el aumento de la tarifa de agua e impuesto sobre la nómina- y le expusieron al funcionario que se encontraban en desacuerdo con dichos aumentos solicitados por la administración del gobierno que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda.
En dicha reunión los empresarios le señalaron que no estaban de acuerdo en el tema, pues le recordaron al secretario de Hacienda, que el impuesto sobre la nómina tuvo una tasa adicional el año pasado, por lo que esta sería una sobretasa, lo que es un acto inconstitucional, ya que no pueden realizar un aumento a una sobretasa ya existente.
A decir de Rosas Jiménez el funcionario les especificó que los ingresos se iban a ir a dos rubros; uno de seguridad y otro de infraestructura, sin embargo, Rosas apuntó que no se tiene la certeza de que estos sean utilizados para dichos rubros.
Ya que, agregó, en administraciones anteriores también se han interpuesto multas a empresas y se les ha señalado que son para obras; empero no se dio razón de obras en la administración pasada, y a un año de esta administración no se ha realizado ninguna.
Toda vez refirió, que no se les precisó cuándo entrarían en vigor estos aumentos, pero precisó que si es en el próximo mes de noviembre, sería inconstitucional debido a que no se puede aprobar una sobretasa, sobre otra sobretasa y en el caso del agua hay un principio de anualidad que se hace por año.
“Él nos dijo que no está dentro de su función el poder detener o dialogar con el empresariado lo que se pudiera hacer para mejorar los ingresos para el Estado… no fue un diálogo fue una imposición” afirmó Rosas.