Mala estrategia la creación de “gas bienestar” anunciada por el ejecutivo federal: COPARMEX
Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estamos a favor que los ciudadanos cuenten con los mejores servicios y al mejor precio, sin embargo consideramos que de concretarse esta medida, incrementaría las restricciones, limitaría aún más la participación y operación de las gaseras en México y no ofrecería una solución real a la constante escalada de precios que se definen a nivel internacional.
La propuesta de crear una empresa para distribuir Gas Licuado de Petróleo (LP) a un precio menor del que se oferta en el mercado, es violatoria del principio de igualdad que debe regir entre los participantes del sector energético.
El Gobierno de México debe tener claro que toda vez que en nuestro país únicamente se produce el 38 por ciento del gas que consumimos (el 62 por ciento se importa), Petróleos Mexicanos (PEMEX), no tiene la capacidad para producir la cantidad necesaria para satisfacer el consumo nacional.
En ese sentido, es importante mencionar que, con la baja producción y el alto volumen de importación, la propuesta de ofrecer gas a un menor precio es inviable a menos que se recurra a subsidios como en el pasado -dónde Pemex absorbía las variaciones de los precios internacionales-, lo que agravaría aún más las finanzas de la paraestatal y resultaría en una práctica anticompetitiva.
Propuesta de Coparmex
Una verdadera solución sería fomentar la producción nacional, aprovechar las reservas de gas del país y posibilitar que más empresas participen en aumentar la oferta, eso de forma natural se traduciría en una baja en precios.
Nuestro país requiere inversiones en salud, seguridad, educación y reactivación económica, entre otros sectores; Lo propicio no es asignar recursos para otorgar subsidios cuando son tan necesarios para esos rubros. Se trata de recursos que podrían ahorrarse si se aumentara la competencia y la oferta de combustibles.
Queremos avanzar hacia el fortalecimiento del sector energético donde exista una competencia leal y legal que nos permita contar con mejores precios y productos. Coincidimos con los señalado por la Comisión Federal de Competencia (COFECE) ”los precios no dependen de una sola autoridad…, sino de una serie de acciones integrales que en conjunto se orienten a la generación de condiciones de mercado que presionen los precios a la baja. Solo en corresponsabilidad de todas las instituciones involucradas se podrá alcanzar este importante objetivo común”.
Además del sobrecosto regulatorio, las empresas del ramo deben lidiar con la inseguridad, grupos de choque, robo de gas, mercado ilegal y la informalidad que crece aceleradamente en los últimos años. Combatir ese problema daría mejores resultados que crear más “competencia”.
En COPARMEX advertimos que la eventual creación de “Gas Bienestar” distorsiona el mercado y otorga un beneficio exclusivo e indebido a Petróleos Mexicanos (PEMEX) frente a otras empresas comercializadoras de gas que participan legalmente en el sector a nivel nacional. Se pretenden solucionar problemas actuales con supuestas soluciones añejas que han probado históricamente ser ineficaces que terminan por afectar las finanzas públicas.
Creemos que con esta acción, el gobierno continúa con su política energética de regresar a los monopolios del pasado, práctica que atenta contra la libre competencia, afecta la capacidad de las empresas e inhibe la llegada de nuevas inversiones y deja a México fuera del mercado global.
En Coparmex consideramos que esta medida representa un daño contra las empresas de distribución de gas L.P. que están legalmente establecidas y cumplen con la regulación además de pagar sus impuestos.
Reiteramos que la solución reside en aprovechar el enorme potencial de México como productor de gas, el marco legal debería aprovecharse para potenciar el arribo de inversiones y la colaboración público-privada que derive en una solución de fondo que es aumentar la oferta y así bajar los precios de los energéticos. Externamos, una vez más, nuestra disposición al diálogo para contar con certidumbre y reglas claras que impulsen el desarrollo económico de nuestro país y el beneficio de las familias.