Información pública para un desarrollo con rumbo

En México hemos logrado construir un andamiaje institucional de primer nivel para el desarrollo de información confiable.

Muestra de ello son el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que han sido internacionalmente reconocidos por su capacidad y excelencia para medir aspectos económicos y sociales críticos para la política pública.

El CONEVAL es el organismo autónomo encargado de evaluar la política social y de medir la pobreza a nivel nacional. El INEGI ha sido un motor incansable para captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía que permiten conocer las características del país.

El trabajo conjunto de CONEVAL e INEGI ha sido pieza clave para construir la definición de pobreza multidimensional que actualmente dicta la política social en México. Dicha medición, una concepción de vanguardia internacional, ha permitido que se conozcan las zonas con mayores carencias en el país y dónde se necesita focalizar la atención para impulsar el desarrollo económico de estas zonas.

A pesar de ello, algunas de las decisiones presupuestales del gobierno federal conllevan el alto riesgo de atentar directamente contra la capacidad operativa de esos organismos de alto nivel.

El INEGI, al inicio del año fue víctima de un recorte de 500 millones de pesos con lo cual quedó impedido para la realización de 14 encuestas entre las que destacan la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), el Censo Agropecuario, la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), y la Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO), por mencionar algunas.

Más recientemente el gobierno federal había solicitado al CONEVAL ajustes draconianos, como el recorte de un 20% en las plazas de estructura, eliminar los puestos de todos los funcionarios que operan como directores e impedir la contratación de servicios externos. Esto implicaba, de facto, impedir su operación prácticamente por completo. Al parecer, en el último momento el gobierno reculó ante la presión pública.

Para México es crucial la defensa del  CONEVAL y el INEGI, dado que han sido las dos principales instituciones que han permitido a nuestro país generar política pública basada en evidencia.

Los ahorros que el gobierno pretende obtener por medio de recortes presupuestales a instituciones encargadas de evaluar política púbica son contraproducentes, pues no se basan en un análisis caso a caso de las necesidades de cada organismo, sino en instrucciones sin sustento que afectan de raíz la capacidad del Estado mexicano.

Es claro que de continuar con la implementación de estos recortes se eliminaría la capacidad del Estado mexicano para evaluarse y con ello, la posibilidad de generar eficacia en la política social. Lo que no se mide, no se puede mejorar.

En Coparmex hemos expresado nuestro apoyo al ejercicio de austeridad del gobierno federal, pero exigimos que las decisiones se basen en una mejor planeación.

Exigimos que los recortes al gasto se implementen con extremo cuidado para no crear daños al funcionamiento institucional mexicano.

Así mismo, urgimos que el gobierno tome decisiones con base en evidencia científica y no por convicciones personales. Tenemos una profunda convicción de que una política que esté medida correctamente es una política perfectible.

Los recortes deben estar bien planeados, no sólo responder al vaivén de la opinión pública.