Prestaciones laborales: Instrumento de bienestar social
Tras la modificación de la Reforma Fiscal a finales del 2013 sobre la Ley del Impuesto Sobre la Renta, prácticamente entre un 47 y 53% de los gastos realizados por empresas a favor de sus trabajadores a través de prestaciones, dejaron de ser deducibles. Aunado a esto, el pasado 21 de septiembre de este año, la Segunda Sala de la Suprema Corte emitió una resolución en la cual declararon que es constitucional esta limitación.
La entrada en vigor de esta Ley en 2014, significó para los empleadores formales del país, un aumento en el costo de la nómina que oscila entre el 5 y el 8 por ciento, sin embargo, los empresarios no hemos dejado de otorgar estas prestaciones.
No es posible que en México existan trabajadores y funcionarios del sector público que gozan de la exención de facto en el pago del Impuesto Sobre la Renta, así como de seguros médicos privados y otras prestaciones como planes benévolos de retiro, mientras que se aplican restricciones fiscales que afectan la calidad de vida de millones de trabajadores en las empresas formales que sostienen la recaudación.
Proponemos centrar la discusión en la importancia que el sistema fiscal promueva las prestaciones, por lo que debe regresar la deducibilidad plena de ellas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Para lograrlo solicitaremos que sea el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estudie la constitucionalidad de los artículos de la Ley; iniciaremos un diálogo con los representantes del poder legislativo para que apruebe la deducibilidad plena de las prestaciones que otorgan las empresas y promoveremos que líderes de los sindicatos se unan a esta petición.
El afán de recaudar 20 mil millones de pesos al año que se obtienen por el fisco al limitar las prestaciones de 2014 y que ahora estaría convalidando la Suprema Corte no puede ser más importante que la grave amenaza a la vigencia y la continuidad de las prestaciones de millones de trabajadores, entre ellas las prestaciones como el aguinaldo, las horas extras, las primas vacacionales y dominicales, o las aportaciones adicionales para el incremento de los fondos de pensiones y de jubilaciones.
Dicho de otra manera: Si el gobierno necesita más dinero, comencemos por recortar los privilegios que tienen algunos trabajadores del estado y sus organismos, así como muchos altos funcionarios públicos, particularmente los que tienen mayores ingresos.
En México no podemos tener trabajadores de primera ni de segunda. Lo decimos con plena convicción: toda prestación legítima que otorgan las empresas genera bienestar y las leyes deben incentivarlas. Por lo tanto, si la prestación es real debe de ser deducible para las empresas. Es inmoral y falta a los valores republicanos básicos crear hoy a través de la Ley castas privilegiadas en el Gobierno.
Más y mejores empleos con prestaciones, generarán más empresas formales y productivas. Esto, sin duda, es la mejor vía para construir un México más justo y próspero para todos.