Piden juicio político a diputados de BC
“La demanda de juicio político se promueve por el perjuicio de los intereses públicos fundamentales originado en la entidad, por las acciones de las y los denunciados el día 8 de julio del año en curso”, señala la petición.
El escrito fue entregado hoy por el Presidente de Coparmex en Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, pero el documento también lleva las firmas de Armando León Ptanick, Presidente de la Federación de Coparmex en Baja California; Marco Issac Navarro Steck, Presidente del organismo en Ensenada; y Roberto Rosas Jiménez, Presidente del organismo en Tijuana.
Elorduy Blackaller afirmó que debido a la aprobación de la reforma constitucional para ampliar el periodo de la Gubernatura del morenista Jaime Bonilla Valdez no hay certeza jurídica en el Estado.
“Como empresarios, lo que buscamos no es ser actores políticos, sino generar un Estado de prosperidad, y para que haya prosperidad económica hay que tener certeza jurídica, si no hay una ley que valga igual para todos, sino para las conveniencias políticas del momento, las inversiones no van a llegar”, indicó.
“Entre más se alarga este proceso, más se frenan las inversiones”, afirmó.
El Presidente de Coparmex reconoció que las intenciones de juicio político no han prosperado en el pasado, pero quiso dar un voto de confianza a la nueva Legislatura.
“La historia nos ha dicho que los procesos de juicio político en pocas ocasiones prosperan, y estamos conscientes de ello; sin embargo, como ciudadanos no podemos dejar de alzar la voz y decir ‘esto estuvo mal hecho’ y hay que exhibirlos”, pronunció.
“Hay responsabilidad de una nueva legislatura, que son de un partido totalmente distinto, estamos esperanzados, ya estamos hartos de la política como siempre se ha hecho, donde los intereses entre partidos son los que mandan, donde no le rinden cuentas al pueblo, esperemos que eso ya se acabe y ahora sí juzguen a los diputados de la legislatura pasada”, determinó.
El empresario entregó el documento a la Oficialía de Partes de la Legislatura.
De acuerdo con el documento, las sanciones de juicio político consisten en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público por un periodo que puede ser desde seis meses a 20 años.
“Esto cuando, en el ejercicio de sus funciones, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, señala el artículo 92 de la propia Constitución del Estado.
En el Congreso local, Morena tiene 13 diputados, pero puede reunir hasta 18 de los 25 votos a través de sus aliados como se ha visto en las primeras sesiones.
Continúan en Legislatura diputados
Cuatro de los diputados que avalaron la llamada “Ley Bonilla” en la Legislatura pasada continúan en la actual, pues fueron reelegidos en los comicios o ingresaron por el principio de representación proporcional.
Los que repiten diputación son: el propio Presidente del Congreso, Catalino Zavala Márquez y Víctor Manuel Morán Hernández, ambos de Morena; Claudia Josefina Agatón Muñiz, del PT; y María Trinidad Vaca Chacón, en la legislatura pasada del PAN, ahora independiente, por avalar la “Ley Bonilla”.