Auditorías de Fisamex fueron una extorsión al sector empresarial: Coparmex
La asignación del contrato a Fisamex debió hacerse por medio de un proceso de licitación y no de asignación directa
Las auditorías por consumo de agua y derechos de conexión realizadas por Fisamex durante la administración del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, “fueron siempre consideradas como una forma de extorsión al empresariado”, dijo el Roberto Vega Solis, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana.
“Los sobre cobros a tarifas del agua muchas veces no estaban fundamentados, sin evidencia para que existieran”, señaló.
Vega Solis comentó que desde un principio, la Coparmex alzó la voz sobre estas auditorías y se lo manifestaron al gobernador en turno, el hoy senador Jaime Bonilla Valdez.
La semana pasada la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) entregó los resultados de la revisión a los ejercicios fiscales del 2020 y 2021 de los organismos operadores del agua.
En el informe, la ASEBC señala que la asignación del contrato a Fisamex debió hacerse por medio de un proceso de licitación y no de asignación directa.
Además, para contratar a Fisamex las Comisiones justificaron que no contaban con personal capacitado para realizar los cobros, sin embargo, estas sí cuentan con un departamento de auditoría y cobranza.
Por estas auditorías, el gobierno del estado recaudó más de mil 800 millones de pesos y pagó el 20% de comisión a Fisamex, 354 millones de pesos.
Actualmente hay 77 impugnaciones contra estos “cobros indebidos”, de los cuales ya fueron ganados algunos casos por parte de las empresas y devueltos 58 millones de pesos, pero se calcula que podrían ser 239 millones de pesos el monto total devuelto.
El sector empresarial espera que no vuelva a suceder algo similar en el tema del cobro indebido de agua, comentó Roberto Vega Solis, en la toma de protesta como nuevo presidente de la Coparmex en Tijuana.
Informó que entre las prioridades de su gestión, estará basado en tres ejes: seguridad pública, promover mayor responsabilidad social de los empresarios y el desarrollo inclusivo.